Coordinación: Dra. Sonia Torti; Dra. María Elena Candelero y Dra. Mariela López
Contacto: soniatorti@gmail.com
Objetivo: Problematizar el avance del estado penal y el ejercicio del poder de castigar en el espacio policial, judicial y penitenciario y sus efectos en la vulneración de derechos.
Fundamentación: Desde hace unas décadas y de manera concomitante con las transformaciones en la estructura económica, se vienen produciendo reconfiguraciones en el poder de castigar, en términos de ampliación e intensificación del sistema punitivo: policiamiento de los territorios, endurecimiento de las penas, reformas de la ley de ejecución penal, modificaciones de las normas procesales penales, etc.
Esta mesa abre la convocatoria a la presentación de trabajos que aborden el ejercicio del poder estatal de castigar y el control de la población a través del sistema punitivo, entendiendo tanto el momento policial, el espacio de la administración de justicia penal y el momento de la ejecución penitenciaria, sobre adolescentes y adultos/as.
Cuando hablamos de Violencia estatal, asociada al ejercicio del ius punendi, nos referimos a todas aquellas modalidades de las practicas estatales que profundizan la selectividad y la intensidad del sistema penal, el tratamiento diferenciado en la justicia penal, la violación del principio de reserva durante el encierro carcelario, provocando con ello la vulneración de derechos y garantías constitucionales en el proceso penal.
Por ello, esta mesa propone trabajar desde una mirada crítica, temas tales como la instauración del sistema de flagrancia, las modificaciones en las normas procesales penales, los nuevos sistemas acusatorios y las tensiones que esto podría producir con las debidas garantías en el proceso penal, el uso de las cámaras de seguridad para el control de los territorios, el ejercicio del poder policial en el espacio público sobre jóvenes y adultos, el gobierno de la cárcel, el aumento de la población carcelaria en general y de las mujeres en particular, las transformaciones y modernizaciones en el sistema de seguridad, la falta de información de acceso público sobre el sistema penal, entre otros.